La exdirigente estatal del PAN y exdiputada federal, Rocío Reza Gallegos, manifestó públicamente su respaldo al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, al considerarlo un perfil con experiencia y capacidad para encabezar el proyecto del partido rumbo a la elección por la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Reza destacó la trayectoria de De la Peña dentro de la administración estatal y señaló que ha demostrado capacidad para conducir temas complejos de gobernabilidad, además de mantener una estrecha coordinación con la gobernadora Maru Campos.

La exdirigente panista afirmó que el PAN cuenta con diversos perfiles competitivos; sin embargo, expresó que Santiago de la Peña representa una opción sólida para dar continuidad al proyecto político que actualmente gobierna Chihuahua.

Las declaraciones ocurren en medio de los movimientos internos que comienzan a perfilar la sucesión gubernamental de 2027, donde distintos actores del PAN han sido mencionados como posibles aspirantes, entre ellos el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; y el propio Santiago de la Peña.

Hasta el momento, el secretario general de Gobierno no ha manifestado públicamente su intención de buscar la candidatura, mientras que el partido aún no inicia el proceso formal para definir a quien lo representará en la próxima contienda electoral.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respondió al citatorio aprobado por una comisión del Senado relacionado con la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en el estado y afirmó que, en todo caso, “debería ser el Senado quien diera audiencia a la gobernadora de Chihuahua”, al considerar que se trata de un asunto que involucra al gobierno estatal. 

Campos sostuvo que está dispuesta a mantener el diálogo institucional, pero señaló que debe hacerse con respeto al federalismo y a las facultades de cada nivel de gobierno. Sus declaraciones se producen después de que legisladores impulsaran un llamado para que informe sobre los hechos relacionados con la presencia de presuntos agentes estadounidenses en territorio chihuahuense. 

La mandataria reiteró que su administración ha colaborado con las autoridades competentes en las investigaciones y defendió la estrategia de coordinación en materia de seguridad implementada en el estado. Asimismo, insistió en que el Gobierno de Chihuahua ha actuado conforme al marco legal y en apego a las instituciones. 

El caso generó un debate político en el Senado, donde legisladores de Morena y de la oposición intercambiaron posturas sobre el alcance del citatorio y las facultades de la Cámara Alta para solicitar la comparecencia de una gobernadora. Mientras algunos senadores consideraron necesario esclarecer los hechos, otros argumentaron que la medida podría vulnerar el principio de federalismo. 

Hasta el momento, el citatorio continúa en el proceso legislativo correspondiente y no se ha confirmado una fecha para una eventual reunión entre la mandataria estatal y los legisladores.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que fue víctima de una “emboscada psicológica” luego de la difusión de audios relacionados con sus gestiones para recuperar la visa estadounidense que le fue cancelada. En una entrevista con El País, aseguró que un intermediario, presuntamente recomendado por el exgobernador Jaime Bonilla, la hizo creer que enfrentaba una investigación en Estados Unidos e incluso una posible extradición. 

Ávila explicó que el encuentro ocurrió en diciembre de 2025 y que el hombre se presentó como un asesor con vínculos con agencias estadounidenses, supuestamente para orientarla sobre el proceso de recuperación de su visa. Sin embargo, señaló que la conversación tomó un giro inesperado cuando comenzaron a mencionarle posibles cargos, sanciones y una eventual extradición. “Me hicieron una emboscada psicológica”, declaró. 

La mandataria sostuvo que nunca colaboró con autoridades estadounidenses fuera de los canales institucionales y rechazó haber entregado información confidencial a cambio de recuperar el documento migratorio. También aseguró que los audios difundidos fueron obtenidos y presentados fuera de contexto con fines de presión política. 

Marina del Pilar responsabilizó políticamente a Jaime Bonilla, su antecesor en la gubernatura y con quien mantiene un conflicto desde 2022, tras la cancelación de un contrato relacionado con el proyecto energético de Next Energy. Según la gobernadora, fue Bonilla quien le recomendó al intermediario que terminó grabando la conversación. El exmandatario ha rechazado estas acusaciones. 

La gobernadora informó que ya presentó una denuncia por la grabación y filtración de los audios y reiteró que continuará buscando recuperar su visa por la vía legal. Además, sostuvo que seguirá desempeñando sus funciones como gobernadora de un estado fronterizo, donde la coordinación con autoridades estadounidenses forma parte de las responsabilidades institucionales. 

El caso ha generado un amplio debate político, ya que ocurre en medio de cuestionamientos sobre la cancelación de su visa y de las revelaciones difundidas en días recientes, mientras el Gobierno federal ha expresado respaldo a la mandataria.