MIRADAS
Una conversación sobre el mundo que compartimos
Teresa Barragán
Durante buena parte de nuestra vida trabajamos pensando en el futuro. Pagamos impuestos, cotizamos a la seguridad social y destinamos una parte de nuestro salario al retiro. No es dinero que alguien nos regaló. Lo ganamos trabajando.
Por eso hay decisiones que merecen algo más que una explicación técnica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de validar la reforma que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entre otras cosas, permite transferir a ese fondo recursos de cuentas individuales de trabajadores que hayan cumplido 70 años en el régimen del IMSS o 75 en el ISSSTE, cuando no hayan sido reclamados y no exista una relación laboral activa. La transferencia puede realizarse sin necesidad de una resolución judicial.
La Corte sostiene que esto no representa una confiscación. El trabajador o sus beneficiarios conservan el derecho de reclamar esos recursos en cualquier momento; el derecho es imprescriptible, debe existir una reserva para responder por ellos y también deben reconocerse los rendimientos correspondientes.
Y quizá sea precisamente ahí donde comienza la discusión.
Porque una cosa es tener dinero a nuestro nombre en una cuenta individual y otra muy distinta tener el derecho a pedir que nos devuelvan un dinero que ya era nuestro.
Parece una diferencia menor. No lo es.
Cuando el ahorro permanece en una cuenta individual, existe un patrimonio identificable cuyo propietario es el trabajador. Cuando esos recursos pasan a un fondo público, el propietario conserva jurídicamente su derecho, pero el dinero entra a un mecanismo creado, entre otras cosas, para complementar pensiones.
Podemos estar de acuerdo en que México necesita mejores pensiones. Seguramente todos quisiéramos que un trabajador pudiera retirarse después de una vida de esfuerzo con ingresos suficientes para vivir dignamente.
La pregunta es otra:
¿quién debe pagarlas?
Si queremos mejorar las pensiones, podemos hacerlo con impuestos, presupuesto público o aportaciones creadas específicamente para ese propósito. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es que una política pública se financie, aunque sea parcialmente, con recursos que el propio Estado reconoce que pertenecen a otras personas.
Y aquí aparece una palabra engañosamente tranquilizadora: “inactivas”.
Una cuenta inactiva no es una cuenta abandonada. Puede pertenecer a alguien que dejó de cotizar, que desconoce que conserva ese ahorro, que no realizó un trámite o cuyos beneficiarios ni siquiera saben que existe.
El dinero no pierde a su dueño porque su dueño no lo haya reclamado.
La ley establece una reserva para devolver esos recursos cuando sean solicitados. Es una protección importante y debe decirse.
Pero también debemos hacernos una pregunta que no es solamente jurídica, sino institucional:
¿qué sucede si dentro de diez o veinte años esa reserva resulta insuficiente?
La respuesta será que el Estado seguirá obligado a pagar. Pero para entonces habremos sustituido algo muy concreto —mi dinero en mi cuenta— por algo diferente: el derecho a que una institución pública me lo devuelva.
La historia aconseja prudencia cuando los gobiernos comienzan a modificar las reglas de los ahorros para el retiro.
Argentina ofrece un antecedente mucho más extremo y, por supuesto, diferente al mexicano. En 2008 eliminó su régimen privado de capitalización y lo sustituyó por un sistema público. No estamos ante la misma medida y sería incorrecto decirlo. Pero aquel episodio recuerda algo que a veces olvidamos: las reglas que protegen el ahorro de una generación pueden cambiar por decisión política.
En México tampoco necesitamos ir demasiado lejos para entenderlo. Hemos visto desaparecer fideicomisos que durante años parecieron permanentes. Una mayoría legislativa puede cambiar una ley; otra puede volver a cambiarla.
Por eso ésta no debería ser una discusión sobre si confiamos o no en el gobierno actual.
Las instituciones no se construyen pensando en el gobernante que nos gusta.
Se construyen pensando también en el que algún día podría no gustarnos.
Quien hoy considera razonable que el Estado administre estos recursos debería hacerse una pregunta muy sencilla: ¿pensaría igual si esta facultad estuviera en manos del partido al que más desconfianza le tiene?
Ahí cambia la perspectiva.
Porque el problema de fondo no son solamente las pensiones. Es el límite que estamos dispuestos a establecer entre el Estado y la propiedad de las personas.
Un trabajador formal pasa treinta o cuarenta años cumpliendo obligaciones. Produce, paga impuestos, cotiza y ahorra. Se le dice que debe ser responsable de su futuro porque los recursos públicos no serán suficientes para mantenerlo cuando envejezca.
Resulta paradójico que después de exigirle esa responsabilidad durante toda su vida laboral tengamos que explicarle que, llegada determinada edad, si no reclamó oportunamente su ahorro, éste puede ser trasladado para contribuir a financiar un mecanismo colectivo.
La solidaridad es indispensable en una sociedad.
Pero sería peligroso acostumbrarnos a llamar solidaridad a disponer del patrimonio ajeno.
Hoy la ley dice que ese dinero podrá reclamarse siempre. Hoy existe una reserva. Hoy existen reglas para devolverlo.
Esperemos que siempre sea así.
Pero la verdadera protección del patrimonio no debería depender solamente de la promesa de que alguien nos lo devolverá.
Tal vez por eso, entre todas las explicaciones jurídicas de estos días, queda una pregunta mucho más sencilla:
si la propia Suprema Corte reconoce que ese dinero nunca dejó de ser nuestro, ¿por qué alguna vez tiene que dejar nuestra cuenta?
